Alerta en la Nueva EPS: Revelaciones sobre la Administración y Finanzas

El presidente Gustavo Petro ha abordado recientemente la advertencia emitida por la Contraloría General de la República sobre graves problemas administrativos y financieros en la Nueva EPS. Este hallazgo ha revelado un aumento significativo en los anticipos pendientes de legalización, que han pasado de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones para 2024. Estos datos evidencian una situación preocupante en la gestión de recursos públicos.

Contexto de la Investigación

El presidente Petro afirmó que la investigación de la Contraloría, iniciada en 2022, ha sido fundamental para entender las causas que llevaron a la intervención de la Nueva EPS. Destacó la existencia de «anticipos extraños» por sumas millonarias, así como una alarmante falta de reservas técnicas y el desabastecimiento de medicamentos debido a sobrecostos.

Mensaje al Senado

En un post en su cuenta de X (anteriormente Twitter), el mandatario también dirigió un mensaje al Senado, enfatizando la necesidad de avanzar en la reforma a la salud, que está actualmente en debate legislativo. Resaltó que es esencial superar los obstáculos que han fracasado en la reforma pensional, ahora replicados en la de salud.

Datos que Requieren Atención

A pesar del énfasis del presidente en las irregularidades, hay varios aspectos importantes que no mencionó en su declaración:

• La investigación de la Contraloría abarcó datos desde 2022 hasta el primer semestre de 2025.
• Se constató que los anticipos no legalizados, es decir, aquellos fondos girados por el Estado sin la correspondiente legalización, habían crecido considerablemente.
• A junio de 2025, los anticipos pendientes por legalizar alcanzaron los $6,6 billones, lo que indica que es probable que la cifra de $8,6 billones de 2024 no se mantenga, sino que aumente en el transcurso del año.

Riesgo de Detrimento Patrimonial

La Contraloría también advirtió sobre el riesgo de un “detrimento patrimonial” significativo, especialmente con aquellos anticipos que superan los dos años, valorados en $143 mil millones. Todo esto plantea preocupaciones serias sobre la liquidez de la Nueva EPS y su capacidad para operar de manera efectiva.

Falta de Transparencia

Cabe destacar que la Nueva EPS no ha presentado sus estados financieros auditados desde 2024. Esta falta de información detallada es alarmante y se suma a la necesidad de una auditoría forense que permita esclarecer la situación financiera actual.

Llamado a la Acción

En cuanto a la auditoría forense, el presidente sugirió que la Corte Constitucional debe permitir su realización. Sin embargo, es importante aclarar que las entidades del sector salud no necesitan la aprobación de la corte para llevar a cabo estas auditorías. De hecho, se anunció recientemente que la Superintendencia de Salud ya implementará una auditoría forense a Coosalud EPS, la primera en el sector en adoptar esta medida.

Conclusión

La situación en la Nueva EPS es crítica y demanda una respuesta rápida y eficiente por parte de las autoridades competentes. Los hallazgos de la Contraloría no deben ser subestimados, y la transparencia es esencial para restablecer la confianza en el sistema de salud. La y situación financiera actual, así como la presión sobre el Senado para avanzar en reformas significativas, son temas que requieren atención urgente.

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