Greenpeace desafía a Energy Transfer en medio de un fallo judicial de $667 millones
Greenpeace International enfrenta una situación crítica tras un reciente fallo que podría poner en peligro su existencia. La organización ambientalista está aprovechando una nueva legislación europea que protege a los protestantes públicos de demandas lésivas para intentar escapar de las severas sanciones económicas impuestas por un jurado estadounidense. Este caso subraya la creciente tensión entre activismo ambiental y los intereses empresariales en el sector energético.
Contexto del conflicto
En mayo de 2023, la compañía Energy Transfer, con sede en Texas, recibió un veredicto de $667 millones contra Greenpeace por una serie de protestas que intentaron interrumpir la construcción del Dakota Access Pipeline. Este oleducto tiene la capacidad de transportar 750,000 barriles de petróleo diarios desde las zonas de extracción de Dakota del Norte hasta un terminal en Illinois. Su construcción, completada en abril de 2017, fue objeto de intensas manifestaciones por parte de la Tribus Sioux de Standing Rock y otros activistas.
Detalles del veredicto
Un jurado en Morton County declaró a Greenpeace culpable de varios delitos, incluyendo:
- Intrusión: Interferir físicamente en las operaciones de la empresa.
- Difamación: Realizar declaraciones que perjudicaron la reputación de Energy Transfer.
Los abogados de Energy Transfer argumentaron que las acciones de Greenpeace causaron daños económicos significativos, que se estiman en entre $265 y $340 millones, lo que incluye gastos de seguridad y reparación.
Estrategia Legal de Greenpeace
Ante la angustiante amenaza de quiebra, Greenpeace International ha presentado una demanda en Amsterdam, buscando recuperar los costos asociados con el veredicto en EE.UU. y enfrentándose a lo que podría considerarse un SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública) bajo una nueva normativa de la UE.
Lo que implica la normativa de la UE
La normativa de 2024 tiene como objetivo:
- Proteger a los activistas de demandas abusivas.
- Permitir que los demandados busquen la desestimación de las demandas consideradas SLAPP.
- Hacer que las empresas que presenten tales demandas sean responsables de los costos legales y las sanciones.
Este enfoque ofrece a Greenpeace un potencial alivio que podría evitar que la organización pague su parte del veredicto y le permitiría recuperar honorarios legales.
Enfrentando la Sentencia de EE.UU.
El fallo de $667 millones en EE.UU. divide la culpa entre Greenpeace USA, Greenpeace International y el Greenpeace Fund. En total, Greenpeace International enfrentaría una responsabilidad de aproximadamente $132 millones al respecto.
A pesar de las esperanzas depositadas en la justicia europea, el futuro de la organización sigue siendo incierto. Desde la perspectiva de los abogados estadounidenses, la ejecución de un fallo de un tribunal neerlandés en EE.UU. podría ser un desafío. Brady Pelton, del Petroleum Council de Dakota del Norte, argumenta que las empresas estadounidenses no están sujetas a las directivas de la UE ni a los fallos de tribunales extranjeros.
¿Qué sigue para Greenpeace?
A pesar de los obstáculos, Greenpeace sigue abogando por su causa. Daniel Simons, abogado senior de Greenpeace International, destaca que, si la organización gana en los Países Bajos, podría narrar una historia diferente en términos de recuperación de costos. “Si logramos un fallo a nuestro favor, podemos buscar el reconocimiento y la ejecución de ese juicio en otras jurisdicciones”, afirma Simons.
Reflexiones finales
El caso de Greenpeace y Energy Transfer resalta un claro enfrentamiento entre el activismo ambiental y los intereses corporativos. A medida que las leyes europeas empiezan a ofrecer un espacio seguro para los activistas, la historia de Greenpeace podría sentar un precedente crucial para otros movimientos ambientalistas a nivel global.
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